El último contratiempo que ha sufrido la boda de Messi y Antonela

El último contratiempo que ha sufrido la boda de Messi y Antonela

| 2017-06-29

| Ricard Cardona

La pareja se ha llevado un buen susto con uno de los aspectos más importantes de su enlace.

La Justicia parece estar constantemente encima de los planes de Leo Messi, aunque sean sólo para bien. El crack argentino parece que no ha tenido suficiente con la eterna persecución por su fraude fiscal, con el que desde la capital de España han hecho especial escarnio, sino que hasta en su boda las investigaciones aparecen para dar disgustos al '10' blaugrana. Sin embargo, esta vez no tiene nada que ver ni con él ni con su pareja, Antonela Roccuzzo, aunque sí les ha dado a ambos un buen susto de cara a su boda.

El genio culé ha recibido con sorpresa la noticia de que el casino del complejo hotelero 'City Center Rosario', lugar que albergará una de las ceremonias de la boda del crack con su pareja está siendo investigado por la Policía Federal argentina a raíz de una orden judicial tras una petición del fisco, en el marco de una investigación por supuesta evasión y lavado de activos.



Ni Messi ni su boda tienen nada que ver con el registro

El director regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Vaudagna, ha asegurado a los medios que dicha investigación no tiene nada que ver con la estrella blaugrana ni con su boda: "Estamos trabajando exclusivamente en el casino. El hotel está al margen, es otro desprendimiento comercial y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo hoy", ha apuntado, aunque sí ha hecho hincapié en la casualidad por la proximidad de los dos hechos: "Fue casualidad que hayamos venido un par de días antes (del enlace), nosotros hace casi un mes que tenemos hecha la presentación judicial pero justo ocurrió en estos momentos", ha agregado el dirigente de la AFIP.

El casino investigado pertenece a Cristóbal López, empresario que está siendo investigado por algunos casos de  supuesta corrupción relacionada con la concesión de obra pública durante el Gobierno de Cristina Fernández, que duró de 2007 a 2015.



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