El pasado 5 de enero, entró en vigor la Ley de Equidad en la Seguridad Social, una nueva normativa promulgada por el expresidente Joe Biden.
Esta ley elimina dos reglas vigentes desde 1983 que afectaban a millones de jubilados, viudos y empleados públicos en Estados Unidos. Se trata de la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas (WEP) y la Ley de Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO).
Estas disposiciones redujeron o eliminaron pagos de la Seguridad Social a trabajadores públicos con pensiones externas. Con esta derogación, muchos beneficiarios podrán recuperar parte o la totalidad de sus beneficios que les fueron negados durante años.
¿Quiénes se benefician con esta ley?
La ley impacta directamente a más de 3 millones de personas en todo el país. Entre los beneficiarios están:
- Trabajadores públicos como maestros, bomberos, policías y empleados gubernamentales.
- Personas bajo el Sistema de Jubilación del Servicio Civil.
- Viudos que recibían prestaciones reducidas por la GPO.
- Jubilados que reciben pensiones a través de sistemas extranjeros y que ahora podrán obtener compensaciones.
Estos grupos verán un incremento en sus pagos mensuales de la Seguridad Social y también recibirán pagos retroactivos para cubrir lo que dejaron de recibir en años anteriores.
¿Cómo se implementa la devolución de dinero?
La Administración del Seguro Social (SSA) ya está procesando los pagos retroactivos para todos los afectados. El calendario apunta a que para noviembre de 2025 se habrán completado la mayoría de los pagos pendientes.
Es importante que los beneficiarios mantengan su información personal y bancaria actualizada en la SSA para evitar retrasos. Esto facilitará que los pagos se realicen de manera automática y sin inconvenientes.
Además, los montos de las pensiones mensuales se ajustarán para reflejar el fin de las reducciones impuestas por la WEP y la GPO. Esto representa un alivio financiero considerable para miles de jubilados que durante años tuvieron sus ingresos disminuidos.
Impacto social y económico de la ley
Esta nueva ley no solo es un cambio administrativo, sino también una mejora significativa para la calidad de vida de muchos estadounidenses. Al eliminar las disposiciones que recortaban los beneficios, se garantiza un trato más justo para los trabajadores públicos y sus familias.
La seguridad financiera durante la jubilación es fundamental para la estabilidad personal y familiar. Con este ajuste, miles de jubilados podrán afrontar mejor sus gastos médicos, vivienda y necesidades básicas.
Además, la ley fortalece la confianza en el sistema de Seguridad Social, mostrando que las injusticias pasadas pueden corregirse. En el futuro, este cambio servirá como base para seguir construyendo un sistema de pensiones más equitativo para todos.