La intención de Laporta era impugnar los acuerdos adoptados por los compromisarios en dicha asamblea, entre ellos el de llevar adelante la Acción de Responsabilidad Civil contra el anterior presidente para que cubra con su patrimonio y el de sus directivos responsables de la gestión del club las pérdidas generadas. Para evitarlo, Laporta interpuso una demanda contra el FC Barcelona como tal.
Joan Laporta basaba su demanda en que se le negó el acceso a la Due Dilligence (algo que ya hizo él con todos los socios cuando se le reclamaron los números de Gaspart), que no se le permitió intervenir en la asamblea (Rosell en persona curso la invitación y él la denegó) y que la votación debería haberse hecho por mayoría absoluta y no simple (una exigencia que no está recogida en los estatutos del club).
El juez García Ceniceros, que ya falló contra Laporta sobre el tema de los 8 días que computaron como un año de gestión, desestimó las tres peticiones. Se trata de un nuevo revés judicial para Laporta relacionado con su gestión al frente del FC Barcelona, y de la constatación de su escasa predisposición para aceptar la voluntad de las mayorías cuando éstas no se ajustan a sus deseos.
Una prueba de que Joan Laporta no tenía la conciencia tranquila sobre sus actos al frente del Barça es que firmó una póliza de seguros, que pagaron los socios del Barça, para cubrir las posibles irregularidads que pudieran descubrirse en su gestión.
Laporta, de cualquier forma, tiene muchos frentes abiertos referidos a su gestión como presidente del Barça y en próximas fechas deberá comparecer ante el juez para explicar determinados detalles de su etapa barcelonista.
