Domingo, 4 diciembre, 2016

Un socio inicia la demanda para inhabilitar a Laporta
Un socio inicia la demanda para inhabilitar a Laporta

Un socio inicia la demanda para inhabilitar a Laporta

Pelikano.cat informa de que “acaba de ponerse en marcha una demanda en el ámbito administrativo, una vez agotada la vía de la jurisdicción deportiva, de forma que la amenaza de incluso perder de por vida la condición de socio  del FC Barcelona sigue pendiendo sobre los  integrantes de aquella junta: Joan Laporta, Albert Vicens, Ferran Soriano, Marc Ingla, Alfons Godall, Xavier Cambra, Jame Ferrerm Claudia Vives-Fierro, Antoni Rovira, Josep Cubells, Alfons Castro, Joan Boix,, Joan Franquesa, Rafael Yuste, Albert Perrín, Evarist Murtra y Josep Lluís Vilaseca.

Hasta ahora, los manejos de Laporta con la UFEC pudieron evitar, con el mayor sonrojo para el Tribunal Català de l’Esport y de la propia justicia deportiva, que el máximo órgano sancionador del deporte catalán, el TCE, decretase el archivo de la causa de un modo vergonzoso, sin ni siquiera entrar en el fondo de la cuestión, calificando de extemporánea la demanda y no dándose por enterado de una sentencia firme del Tribunal Supremo. Dicha sentencia afirmaba que la junta de Joan Laporta de 2006 había incumplido de forma grave los estatutos al no convocar las elecciones cuando correspondía legalmente antes del 30 de junio de ese año. Tuvo que ser un juez en primera instancia el que obligase a iniciar el sagrado proceso democrático de renovar los cargos directivos por la voluntad de los socios, un principio inalienable desobedecido por Laporta y su junta de forma deliberada y contra los intereses del club para protegerse y dar cobertura a los juegos de manos financieros y económicos realizados en su primera temporada.

El juez lo dejó claro en aquel momento, obligando a convocar las elecciones, porque igual de claro lo dejaban los estatutos. Tras haber tomado posesión el 22 de Junio de 2003, las elecciones al final de su primer mandato debían convocarse en 2006. Nunca fue esa la intención de Laporta, que intentó incluso una maniobra alegal como ampararse en un dictamen de un cargo jurídico de la Secreraria General de l’Esport de la Generalitat para asegurar ante la asamblea que su directiva podía estirarse un año más, ilegalmente, por capricho e intereses propios. Laporta nunca perdonó que “me quitaran un año de mandato” y llegó incluso a amenazar con demandar al presidente de la Comissió Gestora que dirigió las elecciones de 2006. Precisamente, y así lo corroboran las hemerotecas, el presidente de aquella Gestora, Joan Trayter, consultó y consensuó la fecha de las elecciones (15 de junio de 2003) entre todos los precandidatos incluido por supuesto Joan Laporta.

La directiva presentó recurso contra aquella decisión, pero la Audiencia Provincial ratificó el de la primera sentencia. Basadas en cada una de las sentencias, se hicieron llegar al Tribunal Català de l’Esport sucesivas demandas de inhabilitación que no fueron desestimadas sino archivadas en un rincón a la espera de los recursos ordinarios en relación al incumplimiento. Una vez que el Tribunal Supremo, tras el recurso de casación elevado con cargo a las cuentas del club –algo que también se ha venido denunciando reiteradamente, pues la denuncia no iba dirigida nunca contra el FC Barcelona sino contra un grupo de socios- ratificó que hubo un fragrante incumplimiento estatutario, se presentó una nueva demanda ante el TCE, lo que provocó que el anterior presidente Roman Gomez Ponti fuera relevado inmediatamente y sustituido por un jurista de confianza de David Moner, presidente de la UFEC que nombra a cuatro de los siete miembros del Tribunal Català de l’Esport. Una forma de asegurarse la mayoría en las decisiones que, como esta relacionada con Joan Laporta, al que ha servido David Moner con una pleitesía sospechosa, permitió que el ex presidente y su junta no fueran inhabilitados. Lo grotesco fue que, después de sucesivos archivos documentados a la espera de la sentencia del Supremo, el TCE archivara la demanda por estar fuera de plazo. Como ese camino ya quedó, por tanto, definitivamente vedado, al menos hasta el 13-Junio pasado, a cualquier garantía jurídica o de independencia, el socio Nicolás Marín, promotor de la demanda ante el TCE, ha acudido finalmente a los tribunales ordinarios para que le ley haga su trabajo como lo ha venido haciendo hasta ahora de forma lenta pero implacable”.

 

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